Hasta ahora, el registro de deudas permite que las pymes puedan revisar y estudiar si un prospecto de cliente es buen pagador. Sin embargo, de aprobarse la norma que se discute en el Congreso, esa información no estaría disponible en su totalidad, lo que sería perjudicial para otras pymes e, incluso, para personas naturales.
El proyecto de ley conocido popularmente como “Chao Dicom”, que actualmente se discute en el Congreso, busca eliminar todos los registros comerciales de deudas que se hubieran hecho exigibles entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de mayo de 2022, por hasta $2,5 millones por concepto de capital. El objetivo es lograr que los beneficiarios puedan acceder a crédito, para librarlos de la carga que los deja fuera del sistema. Esa es la teoría. Pero en la práctica, surgen dudas sobre su impacto.
Para el director de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Industrial de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Sede Viña del Mar, Danilo Leal, esta no es la mejor alternativa para lograr lo que se busca. A sus ojos, rompe uno de los principios básicos en cualquier economía: tener la mayor transparencia en los mercados. “Al contar con más datos es posible tomar mejores decisiones. Esto restaría información a las entidades financieras y, por ende, podrían otorgar créditos a quienes no califican”, señala.
En tanto, Felipe Fernández, socio adjunto de Servicios Legales de EY, piensa que la iniciativa sí podría ser beneficiosa para una pyme, pues al no tener registros negativos por los montos y en el periodo contemplado en el proyecto, podría acceder a mejores créditos y financiamiento. No obstante, advierte que eso podría ocasionar un efecto colateral: “El aumento general de las tasas de crédito, no solo para las personas beneficiadas con el proyecto de ley”. Además, plantea que la mayor opacidad de información para el sistema financiero sobre personas con mayor riesgo crediticio podría afectar negativamente a quienes no mantenían deudas impagas. “Esta es una consecuencia que debería tenerse en consideración, pese al beneficio directo que el proyecto podría tener para las pymes”, comenta.
Efecto en el endeudamiento
El socio director de Adactiva, Cristian Montero, también es cauto. “Hay que considerar la gran cantidad de pymes que venden a crédito a otras y también a personas naturales que perderían la visión de sus potenciales clientes. No sabrían si le están vendiendo a alguien que dejó deudas en otras empresas. Además, cuando se ven este tipo de iniciativas, el crédito normalmente se encarece porque los bancos, para absorber el mayor riesgo, van a aumentar las tasas de interés”, explica.
Igualmente, el académico de la UNAB recuerda que este proyecto de ley solo busca borrar el registro de deuda y no pretende condonarlas. “Los beneficiarios seguirán con su deuda original, ya que nadie asegura que utilicen el nuevo crédito para pagarlas”, señala. En este sentido, recuerda que, en tiempos de inflación, las tasas de interés son muy altas, por lo que no sería conveniente más endeudamiento en estas condiciones. Lo que sería preferible, dice, es una ley que genere condiciones para regularizar las deudas, como sucede con las cuentas de agua y luz.
Efecto laboral
En Chile, las últimas cifras del INE revelan una tasa de desocupación de 7,8% durante el trimestre móvil abril-junio de este año. En ese escenario, los parlamentarios que impulsan la ley han argumentado que entre las miles de personas cesantes, muchas figuran en el historial del Dicom, lo que suma a las razones de que no puedan encontrar trabajo.
Pero en la cancha, la realidad es otra, plantea Ignacio Bunster, director de Asuntos Corporativos de Equifax: “Actualmente, la ley ya prohíbe exigir registro de moras en los procesos de selección de personal”, dice, sobre la base de la Ley 20.575. “Más que dictar una nueva ley, la autoridad debiera ocuparse de hacer cumplir la existente”, sostiene el ejecutivo.
Bunster añade que hoy, las pymes generan el 53% del empleo del país. De aprobarse esta ley, no duda que el acceso al empleo disminuiría, pues “las pequeñas y medianas empresas no contarían con las condiciones adecuadas para continuar creciendo”.
6 mitos en torno al endeudamiento y su registro, según Equifax
Entre las propuestas de la ley, Equifax identificó seis escenarios que, en la práctica, no resultarían como están planteados o proyectados en la discusión parlamentaria. Acá los aclaran:
1. ¿Los créditos serán más accesibles?
No realmente. Eliminar los registros de deuda provocaría un encarecimiento general del crédito. La falta de acceso a información precisa daña incluso a los consumidores con buen comportamiento crediticio, asegura Ignacio Bunster, director de Asuntos Corporativos de Equifax.
3. ¿Es posible emparejar la cancha?
Bunster dice que con la eliminación de los registros de deudas en realidad había más desigualdad: “Se favorece a quienes sí pueden pagar sus obligaciones, pero igual no lo hacen”.
5. Se elimina un registro sesgado de las personas?
Los bancos e instituciones financieras no solo trabajan con los registros de morosidades, sino también con información del comportamiento crediticio de las personas. La información que por lo general manejan incorpora los pagos realizados dentro de plazo, los créditos vigentes de las personas, sus cuotas por pagar, líneas de crédito disponibles y fechas de vencimiento, entre otras variables. “Es decir, data positiva, que aumenta la competencia entre los otorgantes de crédito. No es un registro sesgado”, precisa el ejecutivo.
2. ¿Saldrán las personas del ciclo de deudas?
Bunster propone revisar la evidencia y la experiencia con normativas similares aprobadas en el pasado: “En 2002 se dictó una ley en los mismos términos que se discuten actualmente. Es decir, eliminar deudas no pagadas por menos de $2,5 millones. Si revisamos la evidencia, vemos que rápidamente se recuperó el nivel de morosos anterior a la aplicación de la ley. Luego, en 2012, se repitió la fórmula. Según registros de Equifax, en este último caso al 2016, 60% de los deudores “beneficiados” tenía, al menos, las mismas morosidades o habían sumado otras nuevas”.
4. ¿Se reactiva la economía?
Bunster dice que en realidad se debilita el mercado crediticio y, con eso, los factores de desarrollo económico.
6. ¿Se logrará una mayor inclusión financiera?
No, a ojos de Bunster, pues mientras exista más información del comportamiento crediticio de las personas, habrá mejor desempeño de ellas en el sistema financiero. Y lo explica con cifras y casos reales: En Brasil, la tasa de incumplimiento cayó un 45% al incluirse data positiva, mientras que en Estados Unidos, la contracción fue de un 43%, según datos de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Según el mismo registro, en ese país la tasa de aprobación de créditos aumentó 38 puntos porcentuales como efecto de la inclusión de data positiva. “Eso quiere decir que se trata de una herramienta valiosa para dar acceso a crédito a grupos que antes estaban al margen del sistema, generando mayor inclusión financiera. Si lo eliminamos, vamos en sentido contrario”, concluye.